Durante la comparecencia de la secretaria de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, con motivo de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, la diputada Ruth Salinas, cuestionó la falta de información sobre feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas en el apartado de Igualdad de Género.
La legisladora señaló que el informe no presenta cifras específicas sobre estos dos delitos, a pesar de que el Estado de México cuenta con dos Alertas de Violencia de Género.
Por ello, demandó que las autoridades transparenten los resultados de sus políticas y rindan cuentas sobre su impacto en la seguridad de las mexiquenses.
La diputada también cuestionó los resultados de los programas de atención y prevención de la violencia. Indicó que, de las 2 mil 914 llamadas identificadas con riesgo feminicida medio o alto por la Línea Sin Violencia, únicamente se reportaron 175 visitas domiciliarias.
Además, señaló que se tramitaron 142 órdenes de protección frente a 27 mil 370 mujeres atendidas por las Unidades de Atención, y que el Programa de Reparación a Víctimas de Feminicidio registrara únicamente cinco compensaciones durante el año y que se reportaran ocho refugios para atender a las mujeres que requieren protección.
“Las mujeres del Estado de México no le están pidiendo más talleres ni más pláticas. Le están pidiendo seguir vivas”, expresó la legisladora al señalar que la atención institucional debe traducirse en protección efectiva, acceso a la justicia y respuestas oportunas ante situaciones de riesgo.
Ruth Salinas presentó preguntas a la secretaria de las Mujeres, enfocadas en esclarecer la ausencia de cifras sobre feminicidios y desapariciones, conocer los resultados de las llamadas de riesgo feminicida, transparentar el presupuesto ejercido y evaluar la efectividad de las Alertas de Violencia de Género.
A nombre de Movimiento Ciudadano, la diputada planteó cinco exigencias concretas: publicar estadísticas mensuales y por municipio sobre feminicidios, muertes violentas y desapariciones de mujeres y niñas; realizar una evaluación pública e independiente de las dos Alertas de Violencia de Género; garantizar la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas; establecer una respuesta presencial en menos de 24 horas ante llamadas de riesgo feminicida alto, acompañada de la tramitación de órdenes de protección; y destinar presupuesto efectivo a refugios, brigadas de seguimiento y reparación del daño a víctimas indirectas de feminicidio.