Maximino, padre de una menor identificada con las iniciales YMAF, volvió a denunciar públicamente presuntas irregularidades relacionadas con la atención médica que recibió su hija en el Hospital del Niño de Toluca, así como con el manejo de su cuerpo después de su fallecimiento.
El caso se remonta a abril de 2019, cuando la menor ingresó al hospital debido a un dolor abdominal.
De acuerdo con el testimonio de su padre, los médicos determinaron practicarle una laparotomía exploradora; sin embargo, posteriormente la niña continuó presentando dolor y fue dada de alta.
Maximino relató que el 14 de abril de 2019 regresaron al hospital debido a la persistencia de los síntomas y que tres días después, el 17 de abril, la menor falleció.
Tras el deceso, una médica del propio hospital le habría planteado la posibilidad de realizar un estudio de patología para determinar las causas de la muerte, debido a que, según el padre, incluso dentro de la institución existían dudas sobre lo ocurrido.
El padre aseguró que aceptó el procedimiento bajo el entendido de que se trataba únicamente de un estudio y pidió que el cuerpo de su hija no fuera sometido a mayores intervenciones.
A partir de entonces, aseguró haber detectado diversas inconsistencias que, a su juicio, requieren una investigación más profunda.
Entre ellas mencionó la existencia de certificados de defunción presuntamente duplicados y un testimonio proporcionado por personal funerario, según el cual el cuerpo de la menor habría presentado indicios de que le fueron extraídos diversos órganos.
El padre afirmó que entre las partes que presuntamente habrían sido retiradas se encontraba la lengua.
También cuestionó qué ocurrió con los órganos o tejidos que, según su versión, pudieron haber sido retirados del cuerpo y señaló que la empresa encargada del manejo de residuos hospitalarios tampoco habría proporcionado una explicación que permita esclarecer el destino de esos materiales.
Maximino sostuvo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió una recomendación relacionada con su caso y que, posteriormente, él y su familia fueron reconocidos como víctimas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, desde el 7 de julio de 2025.
El padre afirmó que el Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM) aceptó la recomendación, pero que, a su juicio, las medidas establecidas no han sido cumplidas en su totalidad.
“Una recomendación no puede ser incompleta o parcial”, sostuvo durante la conferencia, al cuestionar que, pese al tiempo transcurrido, no haya obtenido una respuesta que considere suficiente.
Por ello, pidió que las autoridades revisen nuevamente el expediente y determinen qué ocurrió tanto durante la atención médica de su hija como después de su fallecimiento.
El padre explicó que las denuncias recientes relacionadas con otros casos ocurridos en instituciones médicas del país volvieron a despertar su preocupación y el dolor por la muerte de su hija.
Su principal demanda, dijo, es que las autoridades esclarezcan los hechos, determinen responsabilidades en caso de existir y den cumplimiento a las medidas derivadas de la recomendación de derechos humanos.
El caso, planteado nuevamente ante medios de comunicación, abre una serie de interrogantes que corresponderá responder a las autoridades competentes: qué ocurrió durante la atención de la menor, cuáles fueron las causas de su fallecimiento, qué procedimientos se realizaron al cuerpo después de su muerte y cuál fue el destino de cualquier tejido u órgano que hubiera sido retirado.
Hasta que existan peritajes, documentos oficiales o resoluciones de las autoridades competentes, las acusaciones sobre una posible extracción irregular de órganos deben considerarse señalamientos de la familia y no hechos acreditados.