La eliminación de barreras para acceder a la justicia y la atención centrada en la dignidad de las personas fueron ejes del encuentro realizado en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), con motivo de la conferencia magistral “Inclusión, Derechos Humanos y Gestión Judicial”, impartida por Indira Isabel García Pérez, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación.
La ponencia se desarrolló de manera dinámica en el auditorio “Elena Poniatowska Amor” y dio paso a una reflexión sobre la responsabilidad de las instituciones de ofrecer una justicia accesible, sensible a las diferencias y cercana a quienes necesitan protección.
Al dar la bienvenida, el presidente de la CODHEM, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, destacó que la defensa de los derechos humanos requiere colaboración entre las instituciones judiciales, la academia y los organismos protectores.
Reconoció, en ese sentido, la participación de la magistrada como ponente y la contribución de la Universidad Autónoma del Estado de México a la formación del personal de la Comisión.
“Ninguna institución defiende sola los derechos humanos”, expresó el ombudsperson mexiquense, al subrayar la importancia de convertir el conocimiento en un servicio público cercano a las necesidades de la población.
En el marco de su primer año al frente del organismo, informó que las actividades sustantivas de la CODHEM beneficiaron a 371 mil 864 personas y que se capacitó a 171 mil 267 personas servidoras públicas.
También señaló que las solicitudes de medidas precautorias atendidas pasaron de 214 a 1,009 respecto del periodo anterior.
Delgado Pérez destacó que la formación es fundamental para prevenir vulneraciones: “Los derechos humanos no se defienden solo cuando ya se violaron. Se siembran antes de que eso ocurra, en el escritorio, en el aula, en el juzgado”.
En su mensaje posterior a la conferencia, Maricela Reyes Hernández, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, sostuvo que la inclusión exige más que permitir el ingreso a los tribunales: implica identificar y eliminar barreras físicas, culturales, tecnológicas, sociales y de comunicación que dificultan que una persona sea escuchada y comprendida.
Explicó que garantizar una justicia efectiva requiere reconocer las diferencias y ofrecer respuestas acordes con las circunstancias de cada persona. “Una justicia incluyente no se proclama, se demuestra en cada decisión, en cada procedimiento y en la manera en que las instituciones responden a quienes buscan justicia”, afirmó.
Reyes Hernández añadió que la vigilancia, la evaluación y la determinación de responsabilidades deben realizarse con objetividad, rigor y perspectiva de derechos humanos.
Finalmente, convocó a la ciudadanía a conocer y observar el trabajo de los tribunales de disciplina judicial, al destacar que la confianza en la justicia se construye diariamente mediante una actuación íntegra, sensible y respetuosa de la dignidad humana.