La certeza jurídica constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar el desarrollo económico, la inversión y la generación de empleos en el Estado de México, afirmó Luis Eduardo Gómez García, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), al sostener un encuentro con representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVyTUR) Valle de Toluca.
Durante su participación, el magistrado destacó la importancia de fortalecer los canales de comunicación entre autoridades, ciudadanos y empresarios para construir una relación institucional equilibrada que contribuya al bienestar social y al crecimiento económico de la entidad.
Gómez García agradeció la invitación realizada por el sector empresarial y subrayó que estos acercamientos permiten dar a conocer el papel que desempeña el Tribunal de Justicia Administrativa como una instancia que garantiza el equilibrio entre los actos de autoridad y los derechos de los ciudadanos.
Explicó que el sector productivo representa uno de los principales motores de la economía mexiquense, ya que genera empleos, contribuye al pago de impuestos y derechos, y fortalece las finanzas públicas que permiten a los gobiernos impulsar programas y acciones de bienestar social.
“Los empresarios requieren reglas claras, instituciones confiables y mecanismos eficaces para defenderse cuando consideran que una autoridad ha actuado fuera del marco de la ley”, expresó.
El magistrado señaló que la certeza jurídica implica que las autoridades sólo pueden actuar conforme a las facultades que expresamente les otorgan las leyes; en este sentido, recordó que cualquier acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, es decir, respaldado por disposiciones legales y sustentado en razones claras que justifiquen su emisión.
Asimismo, indicó que los particulares tienen derecho a conocer con precisión las normas que les son aplicadas durante procedimientos de inspección, verificaciones administrativas o requerimientos oficiales. Las autoridades, dijo, están obligadas a informar de manera clara cuáles son las disposiciones legales involucradas y cuáles son las obligaciones que deben cumplirse.
Otro elemento fundamental de la certeza jurídica, agregó, es la posibilidad de impugnar decisiones administrativas cuando los ciudadanos o empresarios consideren que éstas son arbitrarias o contrarias a derecho. Para ello, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México constituye la instancia especializada encargada de revisar la legalidad de las resoluciones emitidas por las autoridades.
Durante la exposición también destacó los principios constitucionales que rigen la actuación de las instituciones públicas: legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y acceso efectivo a la justicia, estos principios, afirmó, no sólo protegen a las empresas, sino también a la inversión, el empleo y, en consecuencia, el desarrollo económico regional.
Entre los actos de autoridad que con mayor frecuencia afectan a las empresas mencionó multas administrativas, clausuras, revocaciones de licencias, negativas de permisos o autorizaciones, verificaciones administrativas, créditos fiscales, sanciones ambientales, procedimientos derivados de licitaciones y contratos gubernamentales, así como asuntos relacionados con responsabilidades administrativas.
Ante este panorama, Gómez García presentó una serie de recomendaciones prácticas para que los empresarios puedan ejercer adecuadamente sus derechos. La primera de ellas consiste en no evadir las notificaciones oficiales.
El magistrado, explicó que muchas defensas legales fracasan porque las personas desconocen el contenido de los actos administrativos o dejan transcurrir los plazos para impugnarlos. Por ello, consideró preferible conocer el fondo del asunto y preparar una defensa sólida, en lugar de confiar exclusivamente en posibles errores de procedimiento.
Además, recomendó verificar que la autoridad que emite el acto sea competente para hacerlo, revisar que la resolución se encuentre debidamente fundada y motivada, confirmar que se hayan respetado las etapas procedimentales previstas por la ley y atender cuidadosamente las fechas de notificación para el cómputo de los plazos legales.
Finalmente, sostuvo que el cumplimiento de estos elementos fortalece la defensa de los particulares y contribuye a que las actuaciones gubernamentales se desarrollen dentro de los límites constitucionales, favoreciendo una relación de confianza entre gobierno, ciudadanía y sector productivo.
“El objetivo último de la actuación institucional es generar armonía social mediante el respeto irrestricto al Estado de Derecho, condición indispensable para impulsar la inversión, el crecimiento económico y el bienestar de los mexiquenses”, acotó.